Dos cuestiones. La primera ¿Es posible en España un plan educativo que no sea sensible a los cambios gubernamentales? Y, si así fuera, ¿Podría adaptarse este plan a cada uno de los centros educativos públicos y privados de nuestro país?
La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad, por lo que, si planteamos la primera pregunta, creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo con que un pacto educativo apolítico supondría dar un paso hacia delante. No sólo liberaría al sistema educativo actual de ser una herramienta para la estrategia de partido, sino que daría a la educación una oportunidad para desarrollarse al margen de ideologías y aplicarse en una proyección estable y duradera.
Para que un pacto de estas características pudiera llevarse a cabo, habría que consensuar una serie de criterios que fueran comunes a todos los centros educativos españoles:
- Estabilidad. Los sucesivos cambios de profesorado suponen a menudo un problema para la gestión interna de los centros. Un grupo docente estable, es decir, que mantenga a la mayoría de sus componentes a lo largo de al menos cuatro o cinco cursos académicos, favorecería la creación de una plantilla cohesionada que permitiría a su vez un buen funcionamiento del alumnado. Para ello, habría que modificar las pautas que rigen la interinidad de los cuerpos docentes, quizás con la posibilidad de que en cada centro solo un porcentaje limitado de profesores pudiera ser sensible a traslados.
- Coordinación. En relación con el punto anterior, los centros deberían favorecer la comunicación entre los agentes del grupo docente para que el aprendizaje de los contenidos por parte del alumnado fuera fluida y mantuviera una coherencia con la impartición de los currículos correspondientes a los cursos anteriores.
- Colaboración. Aunque pueda parecer un factor ajeno al sistema educativo, la implicación de las familias ayudaría a establecer una comunicación favorable entre el núcleo familiar y el centro, y a entender el proceso educativo desde una gestión común y participativa.
- Inversión. Una mayor inversión económica en el sistema educativo –o quizás una mejor administración de la dotación actual- permitiría reducir la cantidad de alumnos por aula, favoreciendo en la praxis, un seguimiento más individualizado de cada estudiante y reforzando el vínculo alumno-docente. Del mismo modo, esta inversión potenciaría la motivación y haría posible una formación continua y real del profesorado, dos aspectos clave para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes a largo plazo.
Desgraciadamente, a día de hoy este planteamiento parece tener pocas posibilidades de llevarse a la práctica. No solo la interinidad entraría en conflicto con esta apelación a la estabilidad y a la coordinación de los grupos docentes, sino que las posibilidades de una inversión más cuantiosa en educación parecen, hasta el momento, imposibles. A todo ello se suman las características intrínsecas de cada centro –localización, contexto social, económico…etc.- las cuales habría que estudiar minuciosamente a la hora de diseñar y aplicar cada uno de los criterios.
Un pacto educativo único sería la solución a muchos de los problemas con los que cuenta el sistema actual. Sin embargo, aun contando con un modelo, habría que tener en cuenta la especificidad de cada centro, y modificar el sistema de acceso a los cuerpos docentes para velar por un profesorado estable, coordinado y colaborativo. En definitiva, por una buena gestión.
